Observatorio sobre Conflictos Socioambientales y Defensa de Activistas

Información sobre conflictos socioambientales en Jalisco, la defensa de activistas, y las luchas y resistencias por el territorio

El costo hídrico del mundo digital: centros de datos, IA y el reto ambiental del agua

Brandon Giovanni Veloz Lara

Vivimos inmersos en una sociedad profundamente digitalizada, donde cada acción cotidiana —desde una simple búsqueda en internet hasta el uso intensivo de plataformas de inteligencia artificial (IA)— genera impactos invisibles pero tangibles en el entorno natural. Uno de los efectos más preocupantes de esta era digital es el consumo masivo de agua por parte de los centros de datos. A pesar de que se suele pensar en la tecnología como algo limpio e intangible, la infraestructura que permite la existencia de la “nube” demanda enormes cantidades de energía y agua. Esta problemática, aunque frecuentemente invisibilizada en el discurso tecnológico, es crítica en países como México, donde diversas regiones enfrentan una crisis hídrica estructural.

El presente ensayo analiza el impacto hídrico de los centros de datos y de la inteligencia artificial desde una perspectiva ambiental y social. Se revisan cifras globales y nacionales, con especial énfasis en el caso de Querétaro, estado mexicano que se ha convertido en un nodo estratégico para la instalación de infraestructuras digitales. A lo largo del texto se integran evidencias científicas, periodísticas y técnicas que muestran cómo el modelo tecnológico actual reproduce prácticas de acaparamiento y uso desmedido del agua, lo que pone en riesgo el derecho humano al acceso a este recurso vital. Finalmente, se plantean alternativas sustentables y políticas públicas que pueden reducir el impacto ambiental de esta industria emergente.

Tecnología digital y consumo ambiental: una paradoja moderna

A lo largo de los últimos años, la sociedad ha abrazado la digitalización como sinónimo de progreso, eficiencia y sostenibilidad. Sin embargo, esta visión no ha sido del todo precisa. Como señala el investigador Mario Sánchez (2022):

“el mito de la nube inmaterial ha permitido ocultar los costos ambientales del ecosistema digital, especialmente el uso energético y la demanda hídrica que requieren los centros de datos para operar”.

Esta paradoja se sustenta en una narrativa tecnocentrista que disocia la infraestructura digital del entorno físico en el que se inserta.

Los centros de datos son instalaciones físicas que almacenan, procesan y transmiten enormes volúmenes de información. Según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2023), estos centros no solo consumen electricidad en grandes cantidades, sino que utilizan agua para enfriar sus servidores, muchas veces superando el uso diario de comunidades completas. Esta situación se agudiza en zonas con estrés hídrico, donde la disponibilidad del recurso es limitada. De esta forma, la infraestructura que sustenta la inteligencia artificial y otros servicios digitales se convierte en un actor ambiental relevante, aunque muchas veces ignorado en las políticas públicas y los análisis socioambientales.

Centros de datos y volúmenes masivos de agua

Los centros de datos utilizan agua, principalmente, para enfriar sus equipos. Este proceso puede implicar el uso de torres de enfriamiento que evaporan agua, lo cual no solo implica consumo directo, sino también pérdida de agua no recuperable. Según datos proporcionados por Francisco Degelo (2024), ejecutivo de la empresa Vertiv:

“un centro de datos promedio puede consumir entre 3 y 5 millones de galones de agua al día, lo equivalente al consumo diario de una ciudad de 30,000 a 50,000 personas”.

Google, por su parte, reconoció en un informe público que uno de sus centros de datos en Estados Unidos llega a utilizar hasta 1.7 millones de litros de agua por día (Zona Docs, 2024). Este consumo masivo se vuelve aún más grave si se considera que muchos de estos centros están ubicados en zonas semiáridas o con alta presión hídrica. A nivel nacional, en México, se estima que un centro de datos de solo 1 MW puede requerir hasta 22,500 m³ de agua al año, lo que equivale a siete piscinas olímpicas (La Crónica de Hoy, 2025).

Este tipo de consumo no puede entenderse solo en términos técnicos. Debe considerarse su impacto en las comunidades locales, el equilibrio ecológico y el acceso equitativo al agua. La falta de regulación específica y la opacidad en torno al uso del recurso por parte de empresas tecnológicas ha llevado a una situación alarmante, donde los intereses económicos se imponen sobre los derechos fundamentales.

La métrica WUE y el consumo indirecto de agua

Una de las herramientas más utilizadas para medir el impacto hídrico de los centros de datos es la métrica conocida como WUE (Water Usage Effectiveness), la cual cuantifica los litros de agua usados por kilovatio-hora consumido por tecnología de información. El promedio global del WUE se sitúa en 1.8 L/kWh, aunque los centros de datos más eficientes alcanzan un índice de ≤ 0.2 L/kWh (MexicoIndustry, 2024). No obstante, estas cifras son solo una parte del panorama.

El consumo indirecto de agua —es decir, el agua usada para generar la electricidad que alimenta los centros de datos— representa una fracción aún mayor del impacto ambiental. En países como México, donde la matriz energética depende en gran medida de plantas termoeléctricas que usan agua para enfriamiento, la huella hídrica se duplica. De acuerdo con el informe de Greenpeace (2024), “por cada kilovatio-hora generado en plantas térmicas, se requieren hasta 2 litros de agua, lo que incrementa considerablemente el impacto ambiental de las operaciones tecnológicas”.

Este doble consumo —directo e indirecto— debe incluirse en cualquier análisis responsable del sector. La invisibilización del uso hídrico en los informes de sostenibilidad de las empresas tecnológicas contribuye a minimizar la percepción de su impacto ambiental y dificulta la implementación de políticas públicas efectivas.

 La inteligencia artificial como acelerador hídrico del siglo XXI

El desarrollo y la expansión de la inteligencia artificial (IA) no solo ha transformado la economía, el trabajo y la cultura, sino que también ha intensificado la demanda de infraestructura digital. A diferencia de otras aplicaciones tecnológicas, los sistemas de IA requieren una enorme capacidad de cómputo, lo que implica un mayor consumo energético y, por ende, mayor uso de agua para refrigeración. Cada vez que se entrena un modelo de IA —como los algoritmos de lenguaje natural o de reconocimiento de imágenes— se consumen miles de horas de procesamiento, lo que se traduce en millones de litros de agua evaporada o utilizada.

Según un estudio publicado por Greenpeace (2024), el uso global de agua para refrigeración de centros de datos alcanzó los 175 mil millones de litros en 2023. Esta cifra podría triplicarse para el año 2030 si el crecimiento de la IA mantiene su ritmo actual. En el caso mexicano, se ha documentado que empresas como Microsoft y Google aumentaron su consumo hídrico en 34 % y 20 %, respectivamente, al ampliar sus operaciones con IA en los últimos dos años (La Crónica de Hoy, 2025).

Además, se ha detectado que los centros de IA se ubican frecuentemente en regiones con menor regulación ambiental y mayores incentivos económicos. Esta práctica, conocida como “dumping ambiental digital”, implica que las grandes empresas tecnológicas instalan sus infraestructuras en países del sur global donde la resistencia social es menor o la legislación más laxa. Así lo denuncian organizaciones como Agua.org.mx y Proyecto 10 (2025), quienes señalan que:

“la expansión de centros de datos en México responde más a la ausencia de límites legales que a un verdadero interés por el desarrollo regional”.

México frente a la nube: ¿innovación o saqueo hídrico?

En el contexto nacional, México se ha convertido en uno de los destinos preferidos para la instalación de centros de datos por parte de grandes corporaciones tecnológicas. La ubicación geográfica estratégica, la conectividad, los costos relativamente bajos y la escasa regulación ambiental han hecho del país un terreno fértil para este tipo de inversiones. No obstante, esta situación ha generado tensiones importantes entre el desarrollo económico y la sustentabilidad ambiental.

Según datos del medio El País (2025), Amazon Web Services (AWS) planea invertir más de 5,000 millones de dólares en la construcción de nuevos centros de datos en territorio mexicano durante los próximos años. Esta inversión, aunque celebrada por el sector empresarial, ha sido cuestionada por especialistas y defensores del medio ambiente, debido a la falta de información pública sobre el uso de agua y energía que estas instalaciones demandarán. En palabras de la periodista Andrea Gutiérrez (2024):

“la política mexicana ha privilegiado el acceso de las grandes empresas a recursos hídricos, mientras millones de personas enfrentan cortes de agua y estrés hídrico permanente”.

Además, el Plan Nacional Hídrico del gobierno mexicano, aunque reconoce la urgencia de frenar el acaparamiento de agua, aún no establece lineamientos específicos para industrias digitales como la de los centros de datos. Esto permite que muchas concesiones se otorguen sin un análisis de impacto ambiental adecuado ni participación de las comunidades locales. Tal como denuncian activistas del portal Agua.org.mx (2025):

“los derechos de las empresas se garantizan por encima de los derechos de los pueblos a decidir sobre sus territorios y recursos”.

El caso Querétaro: entre la sequía y la promesa tecnológica

Querétaro representa uno de los ejemplos más paradigmáticos del modelo extractivista digital en México. En los últimos cinco años, este estado ha sido promovido como un “hub tecnológico” por excelencia, atrayendo a empresas como Microsoft, Ascenty y Equinix, que han instalado o planean instalar enormes centros de datos en su territorio. Esta apuesta por la tecnología, sin embargo, ha traído consigo múltiples conflictos socioambientales.

De acuerdo con el medio Yahoo Noticias (2025), Microsoft solicitó una concesión de 25 millones de litros de agua anuales para operar su nuevo centro de datos en el municipio de Colón, lo que equivale al 25 % del total de agua concesionada en esa región. Mientras tanto, las comunidades aledañas enfrentan cortes frecuentes de agua potable y reportan que sus pozos tradicionales se han secado en los últimos años. El problema no es solo técnico, sino político: no existe una ley específica que regule el uso de agua por parte de la industria de centros de datos, y las decisiones suelen tomarse sin consulta previa a las poblaciones afectadas.

Además, las promesas de empleo que justifican estas inversiones tecnológicas suelen no cumplirse. Por ejemplo, la empresa Ascenty aseguró que generaría 100 empleos permanentes en Querétaro, pero hasta la fecha solo ha contratado a 17 personas (TIGMX, 2025). Esta disparidad entre el discurso de desarrollo y los efectos reales en la comunidad ha sido interpretada por organizaciones locales como un ejemplo más de colonialismo digital: se extraen recursos naturales sin dejar beneficios sociales proporcionales.

Como apunta el sociólogo Fernando Ramírez (2025):

“el caso Querétaro no solo revela una contradicción entre tecnología y ecología, sino también una desigualdad estructural que privilegia los intereses de las grandes corporaciones por encima de las necesidades básicas de las comunidades”.

Riesgos sociales, ambientales y regulatorios en México

El crecimiento acelerado de la infraestructura digital en México —en especial los centros de datos y las instalaciones vinculadas a la inteligencia artificial— ha desatado una serie de riesgos que van más allá del consumo de agua. Estos riesgos abarcan impactos sociales, daños ambientales irreversibles y una profunda debilidad regulatoria que impide hacer frente a los desafíos de forma eficaz. México, al carecer de una legislación robusta en materia de tecnología, uso hídrico industrial y protección ambiental vinculada al sector digital, se enfrenta a una encrucijada: o regula proactivamente este fenómeno o permite que el país se convierta en una zona de sacrificio digital.

Uno de los riesgos más graves es el desplazamiento de comunidades y la reducción del acceso al agua para consumo humano. Tal como advierte el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (2025), “la concesión indiscriminada de recursos hídricos a empresas tecnológicas no considera los derechos prioritarios de los pueblos originarios ni de las zonas rurales”. Este fenómeno ha sido registrado en regiones como el Bajío, donde poblaciones completas reportan haber tenido que cambiar sus hábitos agrícolas o migrar debido a la escasez de agua.

Desde el punto de vista ambiental, también se ha reportado contaminación de cuerpos de agua, agotamiento de acuíferos y afectaciones a la biodiversidad en zonas cercanas a centros de datos. El problema se agrava debido a la ausencia de mecanismos de evaluación de impacto ambiental adecuados y al hecho de que muchas operaciones son clasificadas como “infraestructura estratégica”, lo que les permite omitir ciertos procesos de consulta y vigilancia ciudadana.

Por si fuera poco, la legislación mexicana no contempla de forma clara la regulación de industrias tecnológicas en materia hídrica. De acuerdo con el informe Proyecto 10 (2025), “hasta mediados de 2025, no existe una ley específica que regule el uso del agua en centros de datos, ni disposiciones en la Ley de Aguas Nacionales que contemplen esta industria como un usuario diferenciado”. Esta laguna jurídica es aprovechada por las empresas para solicitar concesiones a largo plazo, muchas veces sin transparentar públicamente sus volúmenes de consumo.

Alternativas tecnológicas sustentables: ¿es posible una IA verde?

Frente al preocupante panorama ambiental que deja la expansión de los centros de datos, surge una pregunta clave: ¿es posible una infraestructura digital verdaderamente sustentable? Aunque el modelo actual de la industria tiende al extractivismo, existen alternativas tecnológicas que podrían disminuir drásticamente el impacto hídrico, si se aplicaran con voluntad política y responsabilidad empresarial.

Uno de los métodos más prometedores es el uso de sistemas de enfriamiento en circuito cerrado, que reciclan el agua dentro del sistema sin necesidad de usar constantemente agua fresca. Según el medio El Financiero (2024), estas tecnologías pueden ahorrar millones de litros de agua al año, e incluso operar en zonas áridas sin comprometer fuentes externas. Otra opción es la refrigeración por aire o “free cooling”, que utiliza la temperatura ambiental para enfriar los servidores, reduciendo tanto el uso de agua como de energía.

Un caso emblemático es el de Microsoft en España, que ha desarrollado un modelo de centro de datos basado en refrigeración líquida sin evaporación y en el compromiso de devolver más agua de la que consume para el año 2030 (Cinco Días, 2025). Esta estrategia, conocida como “agua positiva”, representa un cambio de paradigma, aunque su implementación sigue siendo limitada a regiones con mayor presión ambiental y regulatoria.

También existen iniciativas para usar fuentes alternativas como la energía geotérmica o solar para alimentar los sistemas de enfriamiento, lo que reduce el consumo indirecto de agua. Además, algunas ciudades han comenzado a integrar políticas de reutilización de aguas grises en las operaciones tecnológicas, una medida que podría replicarse en zonas urbanas de México.

Sin embargo, la implementación de estas soluciones tecnológicas enfrenta obstáculos políticos y económicos. Tal como advierte la investigadora Adriana Esquivel (2025), “la eficiencia hídrica no es una prioridad para la industria tecnológica en contextos donde el agua sigue siendo barata, abundante o fácilmente concesionable”.

Propuestas de mitigación y políticas públicas necesarias

Frente a la evidencia presentada, resulta urgente diseñar e implementar políticas públicas que garanticen un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la sostenibilidad hídrica. La primera medida necesaria es la creación de un marco legal específico para la industria de centros de datos, en el cual se establezcan límites al uso del agua, criterios de sustentabilidad y mecanismos de transparencia obligatorios. Esta legislación debería contemplar evaluaciones de impacto hídrico previas a la instalación de cualquier centro de datos, con participación comunitaria vinculante.

En segundo lugar, es vital incorporar la métrica WUE en los informes anuales de sostenibilidad de las empresas, haciendo público el volumen de agua usado, reciclado y devuelto al ambiente. Estos datos deben ser auditados por organismos independientes, tal como ocurre en otras industrias de alto impacto como la minería o la producción energética.

Otra política clave sería incentivar fiscalmente el uso de tecnologías de refrigeración sustentables, incluyendo la eliminación gradual del uso de torres de enfriamiento abiertas en zonas de alto estrés hídrico. El Estado mexicano podría establecer un sistema de certificaciones de “infraestructura hídrica responsable” que premie a las empresas que reduzcan o eliminen su huella hídrica.

Además, se requiere fortalecer los mecanismos de justicia ambiental, garantizando que las comunidades cercanas a centros de datos puedan acceder a información pública, participar en procesos de consulta previa, y exigir reparaciones cuando sus derechos sean vulnerados. Como señala el activista Julián Muñoz (2025):

“la IA no debe ser una excusa para repetir los errores del pasado, donde el progreso se construyó sobre la devastación de los territorios”.

Conclusión

El avance de la inteligencia artificial y de las infraestructuras digitales representa uno de los mayores desafíos ambientales del siglo XXI. Aunque muchas veces se presenta como una industria “limpia”, la realidad es que los centros de datos requieren enormes volúmenes de agua para operar, lo que genera graves impactos en zonas vulnerables. En países como México, esta situación se agrava por la falta de regulación, la escasa transparencia y el desinterés gubernamental por los efectos sociales del extractivismo digital.

Querétaro simboliza el conflicto entre desarrollo e injusticia ambiental: grandes corporaciones acceden a concesiones millonarias de agua mientras las comunidades enfrentan sequía, escasez y desplazamiento. La tecnología, en lugar de aliviar las desigualdades, las está reproduciendo en nuevas formas. Sin embargo, también existen caminos alternativos. La adopción de tecnologías de enfriamiento sustentables, el uso de métricas públicas como el WUE, y una legislación ambiental específica podrían transformar el modelo actual hacia una infraestructura digital verdaderamente sostenible.

La transición hacia una “IA verde” no es una opción, sino una necesidad urgente. México tiene la oportunidad de convertirse en un referente regional si apuesta por una política pública que combine innovación tecnológica, justicia hídrica y derechos humanos. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en el basurero hídrico de la era digital.

Bibliografía 

Imágenes:

Avatar de Observatorio sobre Conflictos Socioambientales y Defensa de Activistas

Posted by:

Observatorio sobre Conflictos Socioambientales y Defensa de Activistas

Observatorio del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara que difunde la información periodística, documental y académica que se genera en torno a los conflictos socioambientales de Jalisco y las resistencias por el territorio.

Deja un comentario

SOBRE EL OBSERVATORIO

El Observatorio sobre Conflictos Socioambientales y Defensa de Activistas es parte del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUSCH) de la Universidad de Guadalajara.

Síguenos en redes:

Entradas recientes

Newsletter